Sentencia A. 655/26

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TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-655/26

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los �nicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

 

ACCI�N DE TUTELA-Juez no le es dado declinar su competencia bajo el pretexto de hacer una adecuada aplicaci�n de las normas atinentes al reparto

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Remisi�n del proceso al juez a quien se reparti� en primer lugar para que decida de forma inmediata

 

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 655 DE 2026

 

Referencia: expediente ICC-5396

 

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda - Subsecci�n A y el Juzgado 050 Civil del Circuito de Bogot�

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogot� D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintis�is (2026).

 

Anotaci�n: en atenci�n a que esta providencia incluye informaci�n relacionada con la salud mental de una persona que considera ser v�ctima de acoso laboral, se registrar�n dos versiones de este auto, una con los nombres reales que la Secretar�a General de la Corte remitir� a las partes y autoridades involucradas, y otra con nombres ficticios que seguir� el canal previsto por esta corporaci�n para la difusi�n de informaci�n p�blica. Esta medida responde a la necesidad de proteger el derecho a la intimidad del accionante, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, el Reglamento de la Corte y la Circular Interna No. 10 de 2022 de este Tribunal.

 

Sobre la base de lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, as� como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del art�culo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.      ANTECEDENTES

 

1.                 El 08 de abril de 2026, la se�ora Valentina present� acci�n de tutela contra el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), la ARL (Administradora de Riesgos Laborales) Positiva Compa��a de Seguros S.A. y la EPS (Entidad Promotora de Salud) Sanitas S.A.S. al considerar vulnerados sus derechos a la salud, al debido proceso, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y a la no discriminaci�n[1].

 

2.                 Para fundamentar su solicitud de amparo, la accionante, quien seg�n indic� se desempe�a como �Profesional Grado 2�[2] del SENA, afirm� que desde el a�o 2020 ha sufrido afectaciones a su salud mental derivadas de presuntos episodios de maltrato verbal, hostigamiento psicol�gico y acoso laboral por parte de sus superiores jer�rquicos. Refiri� que fue diagnosticada con diferentes patolog�as asociadas a su entorno laboral, y sostuvo que el SENA conoc�a su situaci�n desde 2022 a partir de incapacidades, valoraciones m�dicas y alertas institucionales. Al respecto, se�al� que la entidad adopt� medidas de traslado que agravaron su exposici�n al riesgo psicosocial y desconocieron su estabilidad laboral reforzada.

 

3.                 De otro lado, manifest� que desde enero de 2026 solicit� ante la ARL Positiva la determinaci�n del origen laboral de sus patolog�as. No obstante, expuso que dicha entidad inform� que no pod�a iniciar el tr�mite porque el SENA no hab�a reportado formalmente el presunto siniestro laboral, pese a conocer previamente sus diagn�sticos y antecedentes m�dicos. Seg�n afirm�, esta omisi�n persist�a al momento de presentar la tutela y configurar�a un �perjuicio irremediable inminente�[3] debido a que la EPS Sanitas hab�a programado para el 23 de abril de 2026 la calificaci�n del origen de sus enfermedades, lo que podr�a llevar a que fueran catalogadas como de origen com�n sin intervenci�n previa del sistema general de riesgos laborales.

 

4.                 Con base en lo expuesto, solicit� el amparo de los derechos invocados y que, en consecuencia, se ordene al SENA efectuar formalmente el reporte del siniestro, abstenerse de adoptar medidas administrativas o de traslado en su contra y dar cumplimiento a las recomendaciones m�dico-laborales emitidas en su favor. Asimismo, solicit� que la ARL Positiva iniciara el tr�mite de determinaci�n del origen laboral de sus patolog�as y activara las coberturas correspondientes del sistema general de riesgos laborales y que, la EPS Sanitas se abstuviera de calificar unilateralmente el origen de sus diagn�sticos sin intervenci�n previa de dicho sistema. Adem�s, como medida provisional, solicit� que se ordenara al SENA reportar de manera inmediata ante la ARL Positiva el presunto siniestro laboral y que se notificara de ello a la EPS Sanitas.

 

5.                 El 10 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda - Subsecci�n A, autoridad a la que se reparti� inicialmente el asunto, declar� su falta de competencia para asumir el conocimiento del caso y orden� su remisi�n a los jueces de circuito de Bogot�[4]. Para el efecto, cit� el numeral 2 y el par�grafo 3 del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025 y afirm� que con base en la regla de reparto all� establecida las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p�blica del orden nacional ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor�a.

 

6.                 Surtido un nuevo reparto, el 23 de abril de 2026, el Juzgado 050 Civil del Circuito de Bogot�, se abstuvo de avocar el conocimiento de la acci�n de tutela y, en su lugar, propuso un conflicto de competencia y remiti� el asunto a esta Corporaci�n[5]. Para tal fin, argument� que de conformidad con el precedente reiterado de la Corte Constitucional[6], las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y sus modificaciones posteriores regulan exclusivamente reglas administrativas de reparto, sin que de ellas pueda derivarse la competencia funcional de las autoridades judiciales para conocer de las acciones de tutela. As�, concluy� que �tales reglas no habilitan a las autoridades jurisdiccionales para declinar el conocimiento de los asuntos de amparo que les sean asignados, ni para suscitar conflictos con fundamento en su aplicaci�n�.

 

7.                 El 04 de mayo de 2026, la Secretar�a General de la Corte radic� el expediente. Luego, el 06 de mayo de 2026, la Sala Plena lo reparti� y remiti� al despacho del magistrado ponente al d�a siguiente.

 

II.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

8.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[7]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporaci�n para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[8] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el tr�mite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicaci�n a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia y, de esta forma, evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n de fondo que garantice la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales^[9], tal y como lo precis� la Sala Plena en el auto 550 de 2018.

 

9.                 En la presente oportunidad, este Tribunal est� facultado para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pese a integrar funcionalmente la Jurisdicci�n Constitucional, desde una perspectiva org�nica, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que est� facultada para solucionar la colisi�n suscitada.

 

10.             De acuerdo con los art�culos 86 de la Constituci�n y 8 transitorio de su t�tulo transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los art�culos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, �a prevenci�n�, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[10]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del art�culo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnaci�n de una sentencia de tutela y que implica que �nicamente pueden conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de �superior jer�rquico correspondiente�^[11], en los t�rminos establecidos en el art�culo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

11.             Ahora bien, seg�n la jurisprudencia pac�fica de esta Corte, las normas contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017, 333 de 2021 y 799 de 2025, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino �nicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podr� ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administraci�n de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resoluci�n del asunto en sede de instancia[12].

 

12.             En este orden de ideas, la aplicaci�n o interpretaci�n de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En lugar de ello, en estos casos, el juez debe tramitar la acci�n o decidir la impugnaci�n, seg�n el asunto puesto a su conocimiento[13]. En l�nea con lo anterior, la Corte ha se�alado que en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente ser� remitido a aquella a quien se reparti� en primer lugar, con el fin de que la acci�n sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales[14].

 

III.           CASO CONCRETO

 

13.             De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)          Se configur� un conflicto aparente de competencia, pues el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda - Subsecci�n A se apart� del conocimiento de la solicitud de tutela presentada con sustento en reglas de reparto, a pesar de que ellas no desplazan su competencia para resolver la acci�n constitucional.

 

(ii)        De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporaci�n, la Sala Plena considera que le corresponde al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda - Subsecci�n A decidir la acci�n de tutela en cuesti�n, en tanto fue la primera autoridad judicial en conflicto a la que se le asign� el conocimiento de la solicitud de amparo.

 

(iii)     Con base en lo expuesto, la Corte dejar� sin efectos el auto del 10 de abril de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda - Subsecci�n A, mediante el cual, se abstuvo de asumir el conocimiento de la acci�n de tutela impetrada por la parte accionante, toda vez que se desconoci� la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido expl�cito del par�grafo 2� del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y se afect� la celeridad con que debe surtirse el tr�mite de esta acci�n constitucional. De igual manera, se ordenar� que se le remita por Secretar�a el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

IV.            DECISI�N

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 10 de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda - Subsecci�n A, en el proceso de tutela promovido por la se�ora Valentina contra el Servicio Nacional de Aprendizaje, la ARL Positiva Compa��a de Seguros S.A. y la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC-5396 al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda - Subsecci�n A para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

Tercero: ORDENAR a la Secretar�a General de la Corte Constitucional que anonimice cualquier dato que, a trav�s de los sistemas de consulta p�blica de la Corte Constitucional, haga referencia a la identidad de la parte accionante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

 

Cuarto: Por la Secretar�a General de esta Corporaci�n, COMUNICAR la presente decisi�n a la parte accionante, al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda - Subsecci�n A y al Juzgado 050 Civil del Circuito de Bogot�.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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